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"Despacho del año en España en Derecho de Distribución y Franquicias"

Despacho del año en España en Derecho de Distribución y Franquicias

La franquicia en España. ¿Crisis del modelo?

La franquicia en España. ¿Crisis del modelo?

Publicado en EXPANSION el 19 de Mayo , 2016 abogados franquicias Franquicias de España

Aunque desde hace años los medios especializados en información económica y empresarial vienen ofreciendo noticias referidas a conflictos entre franquiciadores y franquiciados, ha sido el caso Vitaldent el que ha provocado en España una avalancha de informaciones sobre la franquicia asociando genéricamente este término con el abuso, la ilegalidad e incluso con el delito.

Desde el máximo respeto a todos aquellos emprendedores afectados por el engaño o el abuso, así como a quienes por diversos motivos (incluyendo los propios errores) han visto frustradas sus expectativas, conviene valorar el efecto derivado de la constitución de asociaciones y otros colectivos de presión con la finalidad de dar relevancia pública y mediática a los problemas sufridos por estos emprendedores, llegando en algún caso a iniciar contactos políticos con el fin de impulsar cambios legislativos en la materia.

Se ha generado un estado de opinión tal que algunos empresarios han llegado al extremo de incluir como reclamo publicitario la expresión: "no somos franquicia"...

La franquicia es una forma -contrato- de colaboración entre empresarios. No es por tanto un negocio ni, en sentido estricto, un sector, sino un canal o modelo de relaciones jurídicas y económicas que permite desarrollar negocios.

En consecuencia, no tiene ningún sentido hablar bien o mal de la franquicia, del mismo modo que no tiene sentido hablar mal de la agencia o del arrendamiento... No hay malas franquicias, sino malos negocios y malos empresarios.

Con demasiada frecuencia se olvida que la franquicia es una fórmula de colaboración entre empresarios. El riesgo empresarial de ambas partes es inherente al sistema.

El franquiciado no es un sujeto dependiente del franquiciador, ni un empleado, ni un consumidor, sino un empresario plenamente responsable de su negocio, de la contratación y gestión de su personal, del cumplimiento de sus obligaciones frente a los proveedores, frente a las administraciones, debe contar con financiación suficiente y, en fin, asumir su plena "mayoría de edad" como empresario.

Una de las consecuencias que se derivan del carácter atípico de la franquicia es la libertad de las partes para configurar su relación. Es evidente que nadie está obligado a firmar un contrato de franquicia. A diferencia de lo que ocurre con un contrato destinado a satisfacer necesidades básicas (telefonía, electricidad, vivienda...), quien voluntariamente apuesta por llevar a cabo una actividad empresarial es enteramente libre de hacerlo en franquicia, de forma independiente o, simplemente, optando por otras actividades por cuenta propia o ajena.

No debe olvidarse que una de las claves del éxito del modelo es, precisamente, su flexibidad y versatilidad con apoyo en el principio básico de la autonomía de la voluntad, que constituye, a su vez, una de las bases de la economía liberal de mercado; principio que tiene sus límites y no ha de interpretarse en ningún caso como una puerta abierta a la arbitrariedad.

No se comprende por tanto que en muchas ocasiones el franquiciado, dispuesto a realizar elevadas inversiones y a asumir un importante riesgo, no destine recursos a la búsqueda de asesoramiento independiente con el fin de contrastar la información suministrada, el modelo de negocio o las características del mercado local operará su empresa.

No parece por tanto que la solución pase por "más controles" sino por una mayor diligencia, profesionalidad, solvencia y madurez empresarial por parte del franquiciador y del franquiciado.

Con ocasión de los lamentables casos que recientemente han acaparado la atención informativa, se ha puesto el acento en el carácter supuestamente ineficaz o insuficiente de la normativa española.

Efectivamente, la normativa española es mejorable desde un punto de vista sistemático y de técnica legislativa, pero no estamos -en puridad- ante un déficit regulatorio. El ordenamiento jurídico español dispone de herramientas suficientes para dar respuesta a los conflictos derivados de la franquicia, a lo que ha de añadirse la importante labor que desde hace décadas viene realizando la jurisprudencia nacional y comunitaria.

España cuenta con un una regulación adecuada y suficiente, el problema está en su desconocimiento e incumplimiento sistemático. Ninguna reforma legislativa será, por sí misma, la solución, que pasa más bien por unas buenas prácticas empresariales y un comportamiento negocial honesto.

La franquicia es, actualmente y en todo el mundo, un modelo de colaboración empresarial idóneo para la distribución de bienes y servicios y un importante motor de creación de riqueza y empleo.

Las principales medidas para evitar o paliar en buena medida fracasos empresariales son sin duda una correcta formación de las partes y una información suficiente sobre los riesgos empresariales inherentes a cada negocio.

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